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El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el Estado de Texas para impugnar el Proyecto de Ley SB4. Según la demanda, “la Constitución asigna al gobierno federal la autoridad para regular la inmigración y gestionar nuestras fronteras internacionales. De conformidad con esta autoridad, el Congreso ha establecido un marco integral que rige la entrada de no ciudadanos a los Estados Unidos y la expulsión de no ciudadanos del país. Debido a que la ley federal tiene prioridad sobre la SB4 y viola la Constitución”.
El Gobierno estadounidense ya avisó la semana pasada de que demandaría al estado, gobernado por los republicanos, si no revocaba la norma en cuestión antes de la fecha de hoy. La ley migratoria fue aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura estatal y recibió el visto bueno del gobernador, Greg Abbott, a mediados de diciembre. La ley texana, considerada por los expertos como una de las normas antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente. “Texas no puede ignorar la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, dijo en el comunicado el fiscal Brian Boynton, jefe de la división civil del Departamento de Justicia.
Las autoridades estadounidenses ya presentaron ayer una solicitud al Tribunal Supremo para que permita a los agentes de la patrulla fronteriza cortar el alambre de púas instalado por Texas en la frontera sur para tratar de reducir la inmigración ilegal.
